El Gobierno pide más tiempo a la UE para reducir la temporalidad en la función pública
Lucha contra la temporalidad en la función pública. El Gobierno de Sánchez pidió a la Comisión Europea ampliar el plazo para reducir la temporalidad hasta marzo de 2027, con el objetivo de impulsar las reformas necesarias que eliminen el abuso en la contratación de temporales en el sector público, informó el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública.
El departamento dirigido por Óscar López señala a su petición en Bruselas que durante los últimos meses se han dictado sentencias, como la del pasado 11 de mayo del Tribunal Supremo, que han introducido elementos nuevos sobre el enfoque de la indemnización a “analizar”. Además, pretenden conocer exactamente cuántos trabajadores temporales están en situación de abuso en todas las administraciones públicas.
Son las administraciones autonómicas las que concentran el problema de la alta temporalidad, con una tasa del 40%, frente al 4,7% que se registra en la Administración General del Estado. Más detalladamente, la temporalidad en los sectores de Educación y Sanidad, de competencia autonómica, asciende al 40% y 43%, respectivamente.
El pasado 29 de marzo, la Comisión Europea dio tres meses a España (que acaban de cumplirse este 29 de junio) para aplicar correctamente la normativa comunitaria sobre temporalidad en el sector público y corregir las deficiencias detectadas en dos expedientes, relativos a la discriminación de trabajadores temporales y al uso abusivo de estos contratos.
El ministerio argumenta que necesita saber exactamente cuántos son los trabajadores afectados
El Gobierno ha pedido más tiempo a la Comisión, alegando, entre otros motivos, la sentencia del Supremo conocida el pasado mayo en la que se descartaba convertir en fijos de forma directa a todos los empleados en abuso de temporalidad, sino sólo a los que habrían superado un proceso selectivo sin obtener plaza, y en los que se establecía un sistema de indemnizaciones para los trabajadores que hubiera.
En esta sentencia, el Supremo señala que, cuando se extinga una relación laboral abusiva, el trabajador tiene derecho a dos indemnizaciones distintas, independientes y compatibles entre sí: la extintiva (una cuantía “no exigua” en el caso de relaciones laborales anormalmente largas) y una compensatoria por el abuso de temporalidad, que debería tener en cuenta de abuso.
En el caso de los daños morales y de cara a futuros pleitos que surjan al respecto, el Alto Tribunal fija una indemnización mínima, según los criterios de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS) para la vulneración de los contratos temporales, que establece multas desde un mínimo de 1.000 euros hasta un máximo de 1.000 euros.
El Ministerio encargado de Función Pública ha emplazado a las comunidades autónomas ya la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) a una reunión de coordinación el próximo 8 de julio en Santander, a fin de debatir posibles medidas y propuestas para reducir la temporalidad en el sector público.
CSIF recuerda que la Ley de Estabilización limita al 8% la tasa de temporalidad
Por su parte, el sindicato más representativo en las administraciones públicas (CSIF) afirmó este martes que deben establecerse sanciones ejemplares, claras, concretas y aplicables para los responsables de las administraciones que sigan abusando de la contratación temporal.
CSIF pide que este tipo de sanciones vayan más allá de la mera responsabilidad administrativa y que recaigan sobre los máximos responsables de aquellas administraciones que incumplan. Y recuerde que la Ley de Estabilización limita al 8% la tasa de temporalidad.
Además del endurecimiento de las sanciones, la convocatoria de todas las plazas estructurales y la reducción de los plazos de ejecución de los procesos selectivos, CSIF propone que el Gobierno elimine la tasa de reposición en la próxima oferta de empleo público, para que las administraciones puedan realizar ofertas en función de las necesidades sin contratar interinos.