Las eléctricas y Redeia se preparan para una gran batalla judicial por el apagón

Las empresas eléctricas, los grandes consumidores industriales, las aseguradoras y Redeia ya tienen contratados a sus abogados para iniciar una de las batallas más complejas de la historia judicial española, la cual debe dirimir las indemnizaciones por el apagón de abril del pasado año. Según fuentes jurídicas, los abogados están esperando a que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) decida sobre los expedientes abiertos a las empresas del sector para poner en práctica sus estrategias. Lo harán mientras a día de hoy, pese al tiempo transcurrido, ningún consumidor ha cobrado indemnización alguna por los daños sufridos ni ningún juzgado ha recibido denuncias reseñables de las grandes empresas.

El gran frente judicial tiene implicados los mayores despachos de abogados del país, con Garrigues, Uría Menéndez, Pérez-Llorca, Linklaters o Clifford Chance trabajando para diferentes partes, en lo que se presenta ya como una de las batallas jurídicas más complejas de los próximos años. Las aseguradoras y las industrias se preparan para litigar contra las eléctricas y, por separado, contra Redeia. De fondo, el conflicto por la responsabilidad enfrenta estas dos últimas. Por su parte, los generadores de electricidad barajan también denuncias contra el operador de la red.

Por no recurrir dos veces, los abogados están pendientes de que la CNMC resuelva los expedientes y dé claridad a los hechos, conocidos los informes del Gobierno, de Redeia y de la organización europea Entso-E, que no van más allá de apuntar a causas multifactoriales. El regulador tiene 18 meses para cerrar la investigación y aún debe valorar si las amplía a nuevas plantas de generación. Por ahora, la instalación fotovoltaica de Núñez de Balboa de Iberdrola no se encuentra entre las investigadas.

Las aseguradoras argumentan que hubo un fallo de suministro que no cubren las pólizas

El papel de las aseguradoras se presenta crucial en la judicialización del incidente. Dado que no existe una declaración de fuerza mayor que obligue al Consorcio de Compensación de Seguros a asumir las indemnizaciones, estas empresas serán activas en los litigios. Ya están transmitiendo que litigarán contra las distribuidoras eléctricas y contra Redeia, evocando el real decreto 1955/2020 para sostener que hubo un fallo de suministro y una responsabilidad objetiva de terceros. Las eléctricas rebatirán el argumento diciendo que el decreto no se hizo pensando en un apagón de este tipo.

También está previsto que los grandes consumidores de electricidad denuncien judicialmente por separado a las eléctricas y Redeia, y aparece como una batalla judicial a múltiples bandas.

Además, existen asociaciones de consumidores y despachos que intentan promover reclamaciones de responsabilidad patrimonial contra el Estado y la CNMC, para no instrumentar los protocolos técnicos necesarios para impedir el apagón. Como dice un letrado, se abre un conflicto judicial inédito, con derivadas por penal, civil, mercantil y contencioso administrativo.

Algunos despachos de abogados intentan promover una reclamación contra el Estado

Las fuentes apuntan a que una de las pruebas clave que se utilizarán consiste en los audios internos de Redeia que el juez José Luis Calama reclamó a la empresa tras el apagón, cuando abrió una investigación ahora archivada sobre un posible sabotaje terrorista. Custodiados por la policía, difieren de los ya publicados, que corresponden a los entregados por las eléctricas en el Senado, y podrían contener la prueba definitiva sobre la responsabilidad última del apagón.

La gran pregunta sigue siendo cuánto ascenderán las indemnizaciones. Transcurrido un año, los clientes remitieron sus burofax para evitar la prescripción, algo que a las empresas les sirve para contar con alguna estimación inicial. Hay miles de reclamaciones pero son de poco volumen.

Por separado, existen eléctricas que sólo han recibido reclamaciones por un total de más de 100 millones de euros. Es una pequeña cifra que no genera ningún problema patrimonial. Sin embargo, en el sector consideran que la parte más cuantiosa de las reclamaciones se ha dirigido a Redeia, al proceder de consumidores electrointensivos conectados a la red de transporte.

Más de un año después, ningún consumidor ha sido indemnizado por los hechos

Por su parte, el operador no ha realizado provisiones pese al expediente muy grave abierto por la CNMC. Mantiene su estrategia básica, que es negar su responsabilidad.

Las fuentes aseguran que los grandes consumidores, entre los que citan a Repsol, Mercadona o Iryo, se han limitado por ahora a presentar reclamaciones extrajudiciales, a la espera también de decidir los próximos pasos.

Para los juristas, existe la posibilidad de que los jueces, ante la complejidad del incidente, decidan repartir la responsabilidad entre las distintas empresas del sector eléctrico. En ese caso, es probable que se abran procedimientos de segunda ronda con riesgo de nuevos enfrentamientos. Su previsión es que el lío judicial acabe durante años.