La misma semana en que POSCO anunció la mayor línea de crédito internacional que consiguió para su negocio de litio en la Argentina, en los tribunales de Salta seguían acumulándose los expedientes en su contra. Las dos cosas son ciertas al mismo tiempo, y esa tensión es la noticia.
POSCO Holdings informó este viernes que su unidad argentina, POSCO Argentina, obtuvo la aprobación de una línea de endeudamiento de corto plazo por hasta 700 millones de dólares —cerca de un billón de wones— otorgada por BID Invest, el brazo de financiamiento privado del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo. El dinero está destinado a capital de trabajo para la segunda planta de litio de la compañía, cuya finalización está prevista para la segunda mitad de este año.
Según explicó la propia empresa, la operación se inscribe en la estrategia del BID para reforzar las cadenas de suministro de minerales críticos en América Latina, y fue posible en parte gracias a la aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y a la cooperación entre los gobiernos de Corea del Sur y la Argentina.
Qué financia el crédito
El destino concreto de los fondos es la segunda etapa del proyecto Sal de Oro, el desarrollo insignia de POSCO fuera de Corea.
La empresa prevé completar esa segunda planta en octubre, con una capacidad anual de 25.000 toneladas. Sumada a la primera, el complejo alcanzaría las 50.000 toneladas anuales, el volumen que la compañía viene proyectando desde que desembarcó en el país. POSCO Argentina también espera reducir su costo de financiamiento mediante beneficios impositivos sobre el pago de intereses y sobre el impuesto a las transacciones financieras, ventajas que forman parte del paquete del RIGI.
Los números del expediente oficial son algo distintos de los que difunde la empresa, y vale marcarlo. En la presentación ante el RIGI, POSCO declaró una inversión de 207,9 millones de dólares en activos computables para Sal de Oro II, mientras que el Gobierno estimó el desembolso total del proyecto en 547 millones. El plan aprobado contempla una planta de 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio destinadas íntegramente a la exportación, con inicio de construcción declarado el 10 de julio de 2024 y arranque de operaciones informado para el 1° de julio de 2026.
Sal de Oro II es el tercer proyecto salteño incorporado al RIGI, después de Rincón, de Rio Tinto, y Diablillos, de AbraSilver.
De dónde viene POSCO
La siderúrgica surcoreana llegó a la Argentina en 2018, cuando adquirió derechos mineros en el Salar del Hombre Muerto, la cuenca compartida entre Salta y Catamarca que concentra buena parte del litio del país.
Desde entonces fue escalando. La primera etapa incluyó una planta comercial de fosfato de litio en el salar y otra de hidróxido de litio grado batería en el Parque Industrial de General Güemes, con desembolsos superiores a los 800 millones de dólares. Esa planta, con capacidad declarada de 25.000 toneladas anuales, se inauguró a fines de 2024. El plan completo de la compañía contempla inversiones de hasta 4.000 millones de dólares hacia el final de la década.
En abril de este año, POSCO también cerró la compra del proyecto Hombre Muerto Norte por 65 millones de dólares, con potencial estimado de 15.600 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente. El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró públicamente ese anuncio en su cuenta de X.
Para POSCO, todo esto forma parte de una reconversión estratégica: pasar de ser uno de los mayores productores mundiales de acero a asegurarse un lugar en la cadena de valor de las baterías. La Argentina es la pieza central de ese plan.
El otro expediente: los juicios en Salta
Acá empieza la parte que la compañía preferiría no discutir.
El embargo. A fines de julio trascendió una medida cautelar dictada por la Justicia salteña en el marco de una disputa contractual con un proveedor local. Y sobre este punto hay versiones enfrentadas que conviene separar con cuidado.
Varios medios salteños informaron el congelamiento de las cuentas bancarias de POSCO Argentina y un embargo de activos por unos 350.000 dólares. La versión de Businesskorea, que difundió la noticia del crédito, también describe cuentas congeladas. POSCO Argentina, en cambio, emitió un comunicado en el que negó que sus cuentas hayan sido alcanzadas por un embargo millonario, precisó que la medida cautelar notificada asciende a unos 350.000 dólares y advirtió que la controversia no tiene resolución definitiva. Es decir: la empresa reconoce la cautelar, discute su alcance y rechaza que se le atribuyan conclusiones sobre supuestas maniobras.
Según trascendió, los contratistas reclaman alrededor de 15.000 millones de pesos, incluidos pagos por obras de infraestructura hídrica, y anticiparon que podrían ampliar sus acciones legales. Los demandantes sostienen que, una vez firmados los acuerdos, se modificaron condiciones contractuales o se redujo el alcance de las obras, y que esa porción reducida fue transferida a empresas vinculadas a firmas extranjeras.
El tribunal, tras revisar la documentación, habría encontrado indicios de que compañías extranjeras obtuvieron contratos en forma reiterada en detrimento de proveedores locales, y consideró necesario preservar activos para garantizar un eventual resarcimiento. Es importante subrayarlo: se trata de una medida provisoria, no de una sentencia sobre el fondo, y no establece responsabilidad legal de POSCO.
La denuncia penal. El 26 de julio, el medio salteño El Intra informó que la constructora argentina MAHE presentó una denuncia penal contra POSCO Argentina. MAHE alega que la minera rescindió el contrato de manera unilateral y no devolvió un campamento minero temporal con capacidad para 400 trabajadores.
Según ese relato, MAHE había contratado con POSCO antes de la pandemia para construir un campamento temporal para 400 personas y uno permanente para 150. La empresa sostiene que el campamento temporal debía retirarse una vez finalizada la obra pero no le fue devuelto tras la rescisión, y que otra compañía coreana construyó después el campamento permanente.
POSCO respondió que las acusaciones provienen de una firma cuyo contrato ya había concluido, y que analizará los hechos y adoptará acciones legales cuando reciba la documentación oficial. La causa está en etapa de denuncia: ningún tribunal determinó culpabilidad.
El antecedente federal. En febrero de 2026, la jueza federal de Garantías N° 2 de Salta, Mariela Giménez, homologó un acuerdo de conciliación por el cual POSCO Argentina aceptó pagar una reparación de 20.000 dólares por irregularidades administrativas en la importación de 500 kilos de ácido clorhídrico, un precursor químico destinado a sus plantas. La investigación, a cargo del fiscal federal Ricardo Toranzos y la auxiliar fiscal Carolina Aráoz Vallejo, determinó que la operación aduanera fue correcta pero que la autorización se concedió antes de completar el trámite ante el Registro Nacional de Precursores Químicos.
Proveedores locales y trabajadores
Detrás de los expedientes hay un debate más viejo y más de fondo: quién se queda con el trabajo que genera el litio salteño.
El año pasado, el medio Info Salta publicó denuncias de proveedores que acusaban a POSCO de favorecer a empresas coreanas y extranjeras por sobre las locales en la adjudicación de contratos, en contra del espíritu de la Ley de Compre Local Salteño. Se mencionaron las firmas coreanas TGL y Phantos entre las que obtuvieron contratos importantes, y se señaló que algunos acuerdos se habrían otorgado sin licitación competitiva. La cámara de proveedores mineros CAPEMISA criticó lo que describió como una estructura de contratación dominada por firmas extranjeras y advirtió que eso podía dañar el ecosistema industrial de la región.
POSCO rechazó esas acusaciones en su momento: afirmó que POSCO Argentina adjudicó sus contratos por procedimientos legales y justos, sin violar normativa local, y señaló que CAPEMISA nunca emitió un comunicado oficial sobre el tema.
En el frente laboral, en abril de este año trabajadores del proyecto realizaron protestas reclamando mejores salarios y condiciones. Según fuentes del sector, denunciaron cobrar bastante menos que empleados de otras mineras, un deterioro de las condiciones de trabajo, mala calidad de la comida en los comedores —con casos de trabajadores hospitalizados tras ingerir alimentos en mal estado— y falta de agua corriente, sistemas sépticos y baños adecuados en algunas instalaciones.
Qué mirar de acá en adelante
El contraste es difícil de ignorar. POSCO consigue financiamiento internacional de primera línea y amplía capacidad productiva, mientras acumula conflictos con contratistas, proveedores y trabajadores locales.
Ninguna de las acusaciones fue resuelta judicialmente y la empresa niega haber obrado mal. Pero la repetición de los conflictos, en frentes distintos y con actores distintos, es en sí misma un dato: cuesta sostener que se trata de disputas contractuales aisladas cuando el patrón se repite.
Para el BID hay algo más en juego. La institución financia esto como parte de una estrategia de minerales críticos, y sus operaciones de sector privado suelen incorporar estándares ambientales y sociales. Cómo se administre el vínculo con proveedores y trabajadores en Salta va a ser, tarde o temprano, un asunto del prestamista y no solo de la minera.
Tres cosas para seguir: si la Justicia salteña se pronuncia sobre el fondo de la disputa con los proveedores, si POSCO cumple con el arranque de la segunda planta en octubre, y si el crédito de BID Invest viene acompañado de condiciones de desempeño social verificables
