De todos los compromisos que asumió Meta en el acuerdo judicial que cerró en agosto con los fiscales estatales de Estados Unidos, ninguno está redactado con tanto detalle como el que se refiere a identificar la edad de sus usuarios. La razón es simple: un límite de dos horas diarias para adolescentes, un bloqueo nocturno o una restricción de notificaciones en horario escolar no sirven de nada si la empresa no sabe cuáles de sus cuentas pertenecen a chicos.
La compañía tiene un año para mejorar su sistema. Y el problema que tiene por delante no es de voluntad ni de presupuesto: es que la tecnología disponible no hace lo que la gente cree que hace.
Lo primero: nadie está verificando nada
Acá conviene detenerse en una distinción que casi ninguna cobertura hace, y que cambia por completo cómo se lee el resto.
Verificar la edad significa comprobar una fecha de nacimiento contra un documento. Estimarla significa mirar un montón de indicios y calcular cuántos años es probable que tenga alguien. La inteligencia artificial hace lo segundo. Puede acertar, y con frecuencia acierta, pero no confirma nada.
Meta acepta documentos de identidad para los controles de edad y se compromete a borrarlos dentro de los 30 días. El problema es que muy poca gente quiere entregarle el pasaporte o el registro de conducir a una empresa tecnológica, y ahí es donde entra todo lo demás.
Qué mira la inteligencia artificial
Google empezó el año pasado a usar en YouTube un sistema que distingue adultos de menores analizando el historial de reproducción. Meta hace algo equivalente, y en Instagram el mecanismo es bastante más fino de lo que suena.
El sistema busca lo que la empresa llama pistas contextuales. Posteos sobre cumpleaños. Menciones a la escuela. Qué publicaciones te gustan, en cuáles comentás, en cuáles te quedás mirando más tiempo. Quiénes son tus contactos. Y los horarios: alguien que está desconectado durante la jornada escolar probablemente esté en edad escolar.
Meta explicó además en una publicación del año pasado que su inteligencia artificial también analiza las fotos que la gente sube en busca de indicios visuales —mencionó la estatura y la estructura ósea— para estimar una edad general, y aclaró que el sistema no identifica a la persona concreta de la imagen. Combinando eso con el análisis de texto y de interacciones, dijo la empresa, aumenta bastante la cantidad de cuentas de menores que detecta y elimina.
Bajo el acuerdo, Meta se comprometió a reforzar esa tecnología con herramientas propias y de terceros, a someterla a auditorías externas periódicas y a fijar metas concretas de falsos positivos, es decir de menores clasificados erróneamente como mayores de 18. Y sumó una medida que no estaba en ninguna versión anterior de sus controles: si detecta una cuenta de un menor de 13 años y la da de baja, va a revisar también la edad de sus contactos. La lógica es que los chicos se agrupan entre chicos.
El escaneo facial y sus límites
La otra vía es la cara. Empresas de verificación de identidad como Yoti y Persona, que trabajan con Meta y con Roblox, estiman la edad a partir de selfies en video.
Roblox es un caso particular porque, a diferencia de las redes sociales, sí permite que se registren menores de 13 años. Ahí el video se pide a quien quiera acceder a las funciones de chat, no para usar la plataforma, y la empresa dice que las grabaciones se borran una vez procesado el control.
La precisión es discutida. Hubo usuarios que reportaron resultados equivocados, y hay especialistas que advierten que estas herramientas no funcionan igual de bien con todos los grupos, en particular con mujeres y con personas de determinados orígenes raciales o étnicos. Matt Kaufman, responsable de seguridad de Roblox, sostuvo el año pasado que entre los 5 y los 25 años el sistema estima la edad con un margen de uno o dos años.
Ese margen es exactamente el problema. Un error de dos años no importa a los 40. A los 12, a los 16 o a los 17, es la diferencia entre entrar y no entrar.
Quién debería hacer el control: la pelea con Apple y Google
Meta y otras plataformas vienen sosteniendo que la verificación no debería recaer en cada aplicación sino en las tiendas donde se descargan, es decir en Apple y en Google. La idea es que el control se haga una sola vez, al bajar la app, y no se repita en cada servicio.
Apple y Google se oponen. Google respondió públicamente que la propuesta deja afuera a las computadoras de escritorio y a los dispositivos que las familias comparten, y que además sería inútil frente a las aplicaciones que ya vienen instaladas en el teléfono.
Detrás de la discusión técnica hay una pelea por quién carga con el costo, con la responsabilidad legal y con los datos.
El costo para los adultos
Este es el punto que suele quedar afuera del debate y que conviene entender antes de opinar.
Para poder separar a los menores de los adultos, el sistema necesita clasificar a todo el mundo. Eso significa que buena parte de los usuarios adultos va a tener que demostrar, de alguna forma, que lo son.
La organización de derechos digitales Electronic Frontier Foundation viene advirtiendo desde hace años sobre lo que llama poner puertas de edad a internet. Su argumento es que, cualquiera sea el método elegido, todos obligan a entregar información personal sensible e inmutable que vincula la identidad real de una persona con su actividad en línea, y que una vez recolectada esa información puede filtrarse, ser hackeada o usarse para otra cosa.
Hay además un problema de definición. Qué se considera dañino para un menor es una decisión subjetiva, y por ese camino la exigencia se expande: primero el contenido para adultos, después las redes sociales, y en algún momento la información sobre salud, las noticias o la posibilidad de leer y opinar sin dar el nombre.
Brasil ya lo hace obligatorio. La Argentina, no
Acá es donde la historia deja de ser estadounidense.
Brasil tiene desde el 17 de marzo de 2026 una ley en vigor, la 15.211, conocida como ECA Digital, reglamentada por decreto y aplicada por la Autoridad Nacional de Protección de Datos. No es una recomendación: prohíbe expresamente la autodeclaración de edad en determinados servicios, prohíbe la publicidad dirigida a menores de 18 años, restringe el perfilado con fines comerciales y exige vincular la cuenta del chico con la de un adulto responsable, que recibe herramientas para configurar su acceso. Las multas llegan a 50 millones de reales por infracción o hasta el 10% de la facturación anual de la empresa en el país. Su sanción se aceleró después de que un video viral mostrara cómo los algoritmos de las plataformas empujaban a chicos y adolescentes hacia contenidos que los adultizaban.
Australia fue todavía más lejos y antes: desde el 10 de diciembre de 2025 los menores de 16 no pueden tener cuentas en las plataformas alcanzadas, entre ellas Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat, X, Threads, Reddit, Twitch y Kick. El regulador no impone una tecnología específica; exige lo que llama validación sucesiva, es decir combinar dos o más métodos para que ninguna señal poco confiable quede como palabra final. Las multas alcanzan los 49,5 millones de dólares australianos. Y ya apareció el efecto previsible: donde se aplicaron exigencias parecidas, como en el estado de Utah o en el Reino Unido, el uso de VPN se disparó.
En la Argentina no hay una norma equivalente. Hay proyectos. El más avanzado en su redacción, el 1114-D-2026 de la diputada María Jimena López, prohibiría la creación de cuentas a menores de 13 años salvo excepciones, exigiría consentimiento de los padres entre los 14 y los 16, y obligaría a las plataformas a implementar sistemas robustos de verificación de edad como condición para operar en el país. Hay otro proyecto que regula los llamados Servicios Digitales de Interacción Social apoyándose en la ley 26.061 de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y está el proyecto que la Agencia de Acceso a la Información Pública elevó al Congreso para actualizar la ley de datos personales, cuyo artículo 19 reconoce como válido el consentimiento a partir de los 16 años.
No pudimos verificar que ninguno de esos proyectos haya sido sancionado. Es decir que, mientras el vecino de al lado ya multa, acá el mecanismo sigue siendo el que todos conocen: una casilla donde el usuario declara su edad y nadie comprueba nada.
Una aclaración sobre las cifras del acuerdo
Van a ver dos números distintos circulando y los dos son correctos, así que conviene explicar la diferencia.
El acuerdo multiestatal abarca 47 estados más el Distrito de Columbia y algunos territorios, con un pago mínimo de 12.100 millones de dólares y un techo de 17.100 millones, porque una porción se libera solo si otras plataformas aceptan condiciones similares. Aparte de eso, Texas cerró su propio acuerdo por más de 1.000 millones. Sumando ambos se llega a los aproximadamente 18.000 millones y a los 48 estados que mencionan varias coberturas. Florida rechazó el acuerdo por considerarlo insuficiente y Nuevo México había ganado antes en juicio.
